Cajamarca (CENCA) — La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cajamarca (Primer Despacho) logró una condena de cinco años y cuatro meses de prisión para Wilson Cruzado, expresidente de la Beneficencia Pública, ubicada en la provincia de San Miguel, por abusar de su cargo de confianza y apropiarse de caudales públicos bajo su administración.
La sentencia fue obtenida por el delito de peculado doloso por apropiación. La fiscal adjunta provincial Karina Elizabeth Cerdán Pastor demostró que el exfuncionario se apropió, entre 2019 y junio de 2020, de los fondos públicos que provenían directamente de la recaudación por la venta de nichos, servicios funerarios y alquiler de inmuebles. De este modo, el sentenciado desvió los recursos para su beneficio personal y ocasionó un perjuicio al Estado de S/ 62 966.81.
Los elementos que sustentaron la condena incluyeron una pericia contable forense que reveló un desorden administrativo deliberado, caracterizado por la falta de registro de ingresos institucionales y la emisión de comprobantes adulterados. La prueba más contundente fue la detección de depósitos directos de los fondos de la Beneficencia hacia la cuenta bancaria personal del propio acusado, montos que jamás fueron rendidos ni sustentados.
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El fallo judicial determinó que, además de la prisión efectiva, Wilson Cruzado sea sancionado con cinco años y cuatro meses de inhabilitación para obtener cualquier cargo público. Asimismo, el juzgado le impuso el pago de S/ 72 966.81 por concepto de reparación civil a favor de la Beneficencia Pública de San Miguel.
Asimismo, se le impuso el pago de 180 días multa equivalentes a S/ 1395. No obstante, se dispuso la suspensión provisional de la ejecución de la pena privativa de la libertad hasta que la sentencia sea confirmada en segunda instancia, quedando sujeto a estrictas reglas de conducta.
Este importante logro del Ministerio Público reafirma su firme compromiso con la fiscalización de las entidades de asistencia social y envía un mensaje claro para el respeto a los recursos destinados a proteger a las poblaciones más vulnerables, ya que estos son intangibles. Cualquier acto de desatención funcional o lucro personal a costa del Estado será perseguido penalmente con el máximo rigor de la ley.