Cajamarca (El Nuevo Diario) — Directivos de la comunidad campesina de Michiquillay acordaron excluir del padrón comunal a los integrantes que hayan iniciado procesos judiciales contra el Fondo Social Michiquillay, medida que ha sido cuestionada por comuneros al considerar que podría vulnerar su derecho de acudir a la justicia.
El acuerdo fue comunicado mediante una carta múltiple suscrita el 13 de agosto, en la que se establece como uno de los requisitos para actualizar el padrón comunal no haber denunciado al Fondo Social. La disposición habría sido aprobada en una asamblea general realizada el pasado 4 de julio y fija hasta el 13 de septiembre como plazo para presentar la documentación correspondiente.
La exclusión del padrón no solo afectaría la participación de los comuneros en los beneficios vinculados a la organización, sino también su derecho a elegir y ser elegidos para integrar la directiva de la comunidad o participar en los órganos del Fondo Social Michiquillay.
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El documento lleva las firmas de Arturo Vigo Marín, presidente de la comunidad campesina; Domingo Saucedo Ríos, presidente del anexo Palpata; Luis Rodríguez Cueva, vicepresidente; Julio Mantilla Montoya, vicepresidente; Angélica Valera Salazar, secretaria, entre otros dirigentes.
Comuneros cuestionaron la medida y señalaron que el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional y al ejercicio de la defensa. Bajo ese argumento, consideran que excluir o sancionar a una persona por acudir al Poder Judicial para defender sus intereses podría vulnerar este derecho.
Los cuestionamientos también apuntan a que la disposición podría generar temor entre los integrantes de la comunidad para denunciar hechos que consideren irregulares o reclamar judicialmente derechos que consideren afectados.
El origen de esta controversia estaría relacionado con denuncias presentadas ante las autoridades por presuntos actos de corrupción vinculados al Fondo Social Michiquillay. Estas investigaciones incluyeron una intervención de la Fiscalía y la Policía, en la que, según lo señalado por los comuneros, se habría encontrado a directivos presuntamente recibiendo un soborno.
Hasta el momento, los cuestionamientos se centran en determinar si la decisión adoptada por los dirigentes comunales puede aplicarse a quienes ejercieron su derecho de acudir a las instancias judiciales y si dicha condición puede ser utilizada para restringir su participación dentro de la organización comunal.