La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Cajamarca, a través de su Segundo Despacho Fiscal, obtuvo una sentencia condenatoria de cuatro años de pena privativa de la libertad con carácter efectiva contra Jorge Piedra Flores, Elvia Rosa Bardales Llamoga, Roberto Arturo Granados Cruz, Jossue Henry Díaz Alcalde y Eloy Izquierdo Alaya, como autores del delito de negociación incompatible.
Asimismo, el Poder Judicial ordenó la inhabilitación por cuatro años para ejercer mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Del mismo modo, se ordenó el pago solidario de S/ 81 734.00 por concepto de restitución e indemnización, además de 180 días multa equivalentes al 25 % de la remuneración mínima vital vigente al momento de la comisión del delito.
En tanto, aunque los acusados William Llanos Seclén y Jaime Ramiro Calderón fueron absueltos, el juzgado fijó el pago solidario de S/ 10 000.00 por concepto de reparación civil a favor de la entidad pública agraviada.
Los hoy sentenciados se desempeñaban como presidente titular y miembros titulares del comité de selección del Concurso Público Nº 003-2017-UNC/CS, convocado para la contratación del servicio “Mantenimiento de playa de estacionamiento del edificio 2J de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Pecuarias de la Universidad Nacional de Cajamarca”, así como al exdirector de Servicios Generales de la UNC y al ingeniero encargado de revisar y otorgar conformidad a las valorizaciones 1 y 2 de la ejecución del servicio.
Los procesados fueron hallados responsables, en calidad de autores, del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible. Según la investigación fiscal, los funcionarios decidieron ejecutar la construcción de una playa de estacionamiento que no contribuía a la finalidad institucional de la universidad y que, pese a constituir una obra nueva, fue tramitada como un servicio de mantenimiento, eludiendo los controles del sistema INVIERTE.PE y demás normativas aplicables.
Durante la revisión del expediente técnico, se advirtió que las partidas y metrados programados en el presupuesto correspondían en realidad a la ejecución de una obra nueva.
La sustentación en la etapa de juicio oral estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial titular de la FECOF Cajamarca, Luis Felipe Alva Vílchez, quien, mediante la actuación de los elementos de prueba recabados durante la investigación preparatoria, acreditó objetivamente la responsabilidad de los funcionarios y el perjuicio ocasionado a la entidad pública.